¿Cómo la política migratoria afecta los derechos humanos?

La política migratoria no solo regula el flujo de personas entre países, sino que también tiene un impacto profundo en los derechos humanos de los migrantes. Esta reflexión surge a partir de múltiples relatos de inmigrantes y, particularmente, en el contexto de la reciente decisión del gobierno venezolano bajo el mandato de Nicolás Maduro. Mientras observamos la grave violación de los derechos humanos dentro de Venezuela, es crucial también examinar cómo estas violaciones afectan a los venezolanos que viven en el extranjero.

Un caso notable es la limitación impuesta a los venezolanos residentes en otros países, específicamente en Colombia, respecto a su derecho al voto. Se ha reportado que muchos venezolanos en el exterior no pudieron ejercer su derecho al voto debido a restricciones que excluyen a quienes tienen Permiso por Protección Temporal (PPT) o están en proceso de ser reconocidos como refugiados. El PPT es una medida de protección destinada a los migrantes venezolanos, pero su falta de inclusión en los procesos de votación evidencia una vulneración significativa de los derechos de estos individuos.

Hablando con conocimiento de causa, considero que la decisión del gobierno de Maduro viola múltiples derechos. Como abogada especializada en migración, frecuentemente recibo casos de ciudadanos venezolanos que buscan obtener una visa colombiana, ya que esta les ofrece más oportunidades y, en muchos casos, una mejor calidad de vida. Por ejemplo, con una visa colombiana pueden incluir a familiares como beneficiarios, obtener una cédula de extranjería y regularizar su situación en el país.

Sin embargo, cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia resulta extremadamente difícil para los venezolanos debido a la situación actual en Venezuela. La complejidad del proceso de apostillado de documentos es un desafío general para todos los solicitantes, pero para los nacionales venezolanos se vuelve aún más complicado. En este contexto, es evidente que Nicolás Maduro está violando constantemente los derechos de los inmigrantes venezolanos..

Además, las políticas migratorias a menudo incluyen medidas que afectan negativamente a los migrantes. Por ejemplo, las restricciones a la movilidad, como los cierres fronterizos entre Venezuela y Colombia, han impedido a muchas personas buscar un mejor futuro, violando así su derecho a la movilidad.

La experiencia cotidiana también revela la crudeza de las políticas migratorias. Todos hemos escuchado historias de maltrato en aeropuertos y estaciones migratorias. Estas situaciones a menudo se normalizan, reflejando prejuicios y una actitud xenófoba entre algunos funcionarios. Recientemente, el relato de mi hermana, quien es esposa de un ciudadano estadounidense, me afectó profundamente. Al llegar a Estados Unidos, ella fue retenida por horas en una cabina, enfrentándose a un trato que reveló una clara discriminación. Esta experiencia subrayó la disparidad en el trato entre nacionales y extranjeros.

Mi experiencia profesional como abogada migratoria también ha revelado aspectos contradictorios. Por un lado, el maltrato y la discriminación son evidentes y merecen una crítica severa. Por otro lado, comprendo la necesidad de políticas estrictas para prevenir el tráfico de personas y la violencia sexual, entre otros problemas asociados con la migración. La política migratoria, aunque a menudo dura, busca proteger a los individuos de estas amenazas.

A pesar de la complejidad de estas políticas, mi objetivo como abogada es facilitar una transición más sencilla para quienes buscan emigrar. Es fundamental que los migrantes investiguen y comprendan la política migratoria del país al que desean ingresar, asegurándose de tener toda su documentación en orden antes de viajar.

En conclusión, mientras las políticas migratorias pueden tener objetivos legítimos de seguridad y protección, no deben sacrificar los derechos humanos fundamentales de los migrantes. La política migratoria debe equilibrar la seguridad con la dignidad y los derechos de las personas, garantizando que todos los individuos sean tratados con respeto y justicia.

Maria Andrea Silva Londoño 

Abogada Migratoria

Universidad Libre de Colombia